La doctrina del da√Īo desproporcionado sanitario


Existe un principio básico en Derecho emanado entre otros, del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  en base al cual, la parte que alega un hecho en un procedimiento tiene la obligación de demostrar la realidad de tal afirmación. En concreto refiere el meritado artículo:

Artículo 217. Carga de la prueba.

1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resoluci√≥n semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisi√≥n, desestimar√° las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, seg√ļn corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, seg√ļn las normas jur√≠dicas a ellos aplicables, el efecto jur√≠dico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvenci√≥n.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

 

Esta premisa es aplicable a todos los procedimientos judiciales de nuestro país, a excepción de los procesos penales, en los con base en el derecho a la presunción de inocencia, el acusado no está obligado a demostrar su inocencia, sino que será sobre las acusaciones sobre las que recaiga la obligación de demostrar la culpabilidad.

 

Excepción de la carga de la prueba en casos de negligencias médicas

Adem√°s, en el √°mbito de las negligencias m√©dicas existe una excepci√≥n a la norma general sobre la carga de la prueba, establecida jurisprudencialmente. Nos referimos a la conocida como doctrina del da√Īo desproporcionado. Es decir, a aquellos casos en los que existe desproporci√≥n total y absoluta entre el acto m√©dico realizado y los da√Īos y secuelas generados, que llevan a presumir que existi√≥ una negligencia m√©dica, invirti√©ndose la norma general que obliga al paciente a demostrar la negligencia, haciendo que sea la administraci√≥n sanitaria la que este obligada a demostrar que no existi√≥ negligencia. En este sentido pueden mencionarse algunas sentencias del Tribunal Supremo que abordan est√° cuesti√≥n.¬†

  • Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de octubre de 2015 (RJ 2015, 4879) (Recurso 3808/2013) en la que indic√≥:

“…un da√Īo es desproporcionado cuando respecto de lo esperable o previsible y hasta inevitable, el da√Īo efectivamente causado es de tal entidad que s√≥lo es concebible si ha habido una anormalidad en el funcionamiento del servicio con quiebra de la lex artis…”

  • Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de abril de 2015 (RJ 2015, 1508) (reca√≠da en el Recurso 1508/2013):

“…La doctrina del resultado desproporcionado o resultado clamoroso se aplica cuando tal resultado lesivo causado no se produce normalmente, o no guarda relaci√≥n o proporci√≥n con la entidad de la intervenci√≥n y no era previsible, es inesperado e inexplicado por la demandada, pero es inasumible -por su desproporci√≥n- ante lo esperable de la intervenci√≥n…

  • Sentencia de la Sala 3¬™ del Tribunal Supremo dictada en el recurso 772/2012 (RJ 2012, 10586) a prop√≥sito del an√°lisis de esta doctrina y su aplicaci√≥n:

“La doctrina del da√Īo desproporcionado o “resultado clamoroso” lleg√≥ a nuestra Jurisdicci√≥n a partir de su asunci√≥n por la Sala Civil de este Tribunal quien, a partir de sentencias del a√Īo 1996, la utiliz√≥ como criterio de valoraci√≥n e imputaci√≥n de la responsabilidad extracontractual en el √°mbito sanitario. Existente un resultado desproporcionado, totalmente inesperado y no contradicho o explicado coherentemente por el demandado, siendo que concurra adem√°s relaci√≥n causal y que entre dentro de la esfera de actuaci√≥n de √©ste, cab√≠a deducir sin duda alguna que exist√≠a conducta negligente, y, por tanto, una apariencia relevante de prueba de √©sta‚Ķ En el caso de da√Īo desproporcionado o resultado clamoroso el profesional m√©dico est√° obligado a acreditar las circunstancias en que se produjo el da√Īo por el principio de facilidad y proximidad probatoria ( STS Sala Primera Civil de 10 de junio de 2008 (RJ 2008, 4246) )” (FD 4¬ļ).

  • Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci√≥n 1¬™) n√ļm. 499/2016 de 20 julio. JUR 2016\190867

“En efecto, del protocolo quir√ļrgico resulta que no se ofrece raz√≥n alguna para que se produjera la rotura determinante del fallecimiento, simplemente se describen los da√Īos y en su declaraci√≥n los Drs. Leandro y Bernardino se limitaron a se√Īalar mec√°nicas probables de producci√≥n, pero en relaci√≥n con estas cuestiones el T.S. en una ejemplar sentencia de la Sala Primera de 25 de noviembre de 2010 (RJ 2011, 1313) (dictada en el Recurso de casaci√≥n 1644/2006 , Ponente Sr. Xiol Rios) que entendemos trasladable a estos supuestos se√Īal√≥:

La efectividad del derecho al resarcimiento del perjudicado y el efecto indirecto de prevenci√≥n, que constituyen principios propios del Derecho de da√Īos, exige que se module en determinados casos, bien la imputaci√≥n objetiva de los da√Īos al profesional sanitario, bien la valoraci√≥n del elemento subjetivo de la culpa o negligencia, como ocurre en los casos en los que se aprecia la producci√≥n de un resultado de da√Īo desproporcionado. En virtud del principio de facilidad y proximidad probatoria, el profesional m√©dico puede estar obligado a probar las circunstancias en que se produjo el da√Īo si se presenta un resultado de da√Īos generado en la esfera de acci√≥n del demandado de los que habitualmente no se producen sino por raz√≥n de una conducta negligente, dado que entonces el enjuiciamiento de la conducta del agente debe realizarse teniendo en cuenta, como m√°xima de experiencia, la necesidad de dar una explicaci√≥n que recae sobre el que causa un da√Īo no previsto ni explicable en su esfera de actuaci√≥n profesional ( SSTS de 23 de mayo de 2007 (RJ 2007, 3273) , y 8 de noviembre 2007, RC n.¬ļ 3976/2000 (RJ 2007, 8253) )…”

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