Condenados por negligencia médica: tres sanitarios condenados como autores de homicidio imprudente por le suicidio de un paciente.

Un enfermero y dos auxiliares dejaron de vigilar al enfermo

  1. JAVIER BARROSO EL País.

Tres trabajadores —un enfermero y dos auxiliares de enfermería— del hospital Gregorio Marañón han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid por no haber evitado el suicido de un paciente psiquiátrico en agosto de 2011. El fallo, contra el que cabe recurso, acusa a los tres sanitarios de “dejación, abandono, negligencia y descuido de la atención al enfermo”.

El enfermero ha sido condenado por un delito de imprudencia con resultado de muerte a dos años de prisión, mientras que las auxiliares de enfermería son consideradas culpables de una falta de imprudencia con resultado de muerte, por la que cada una de ellas tendrán que abonar 400 euros. Además, los tres deberán indemnizar de manera solidaria a la madre del fallecido con 150.000 euros y a los abuelos paternos, con 20.000. Una de las acusaciones particulares fue ejercida por Rubén Darío Delgado Ortiz.

El enfermo psiquiátrico ingresó el 7 de agosto de 2011 en el departamento de Psiquiatría del Gregorio Marañón. Alrededor de la una y media de la madrugada intentó ahorcarse con una toalla. Fue sorprendido por el personal de enfermería y, como medida protectora, se le ató. El paciente fue atendido por la psiquiatra de guardia a las 17.45, ya que presentaba un fuerte estado de nerviosismo y agitación. Según el fallo, dijo al personal de enfermería que quería matarse y que lo volvería a intentar. La facultativa de guardia (una psiquiatra residente) ordenó que se le vigilara durante todo el día ante el riesgo de que intentara repetir el intento de suicidio. En caso de que fuera necesario, los empleados debían inmovilizarle.

El juez aprecia en su conducta

una imprudencia profesional grave

Alrededor de las 00.25 del 8 de agosto, los tres sanitarios vieron que el paciente se había colgado por el cuello del extremo de una cuerda. Esta había sido fabricada con tiras de sábanas humedecidas y entrelazadas en un tramo con jirones de tela de pantalones vaqueros. Se dotaban así de mayor resistencia y elasticidad.

Los sanitarios avisaron al equipo médico de cuidados intensivos del hospital. Estos le intentaron reanimar, pero al final solo pudieron certificar la muerte por ahorcamiento.

El titular del Juzgado de lo Penal 29, Ricardo Rodríguez Fernández, considera probado que los tres condenados incurrieron “en una verdadera imprudencia profesional, infringiendo sus protocolos de actuación y distinguiéndose una mayor gravedad en el caso del enfermero”. Los tres abandonaron el control la habitación de vigilancia del enfermero y no comprobaron con antelación si la taquilla y el baño de la estancia estaban vacíos y cerrados. Según declararon durante el juicio, las dos auxiliares fueron a atender a otra paciente que se negaba a tomar la medicación, a meterse en su cuarto y que amenazaba con marcharse a su casa. Al no poder controlar la situación, llamaron a gritos a su compañero. Este dejó entonces su puesto de vigilancia y acudió a ayudarlas.

“¿De dónde salió la cuerda con la que se ahorcó el enfermo? ¿La tenía el paciente en su habitación y cómo ello es posible? ¿De dónde salieron los trozos de sábana y, fundamental e increíble, los jirones del pantalón vaquero? o ¿se la dieron del exterior?, y si fue así, ¿quién fue? ¿de dónde salió? ¿cómo es posible que una cuerda de tanta longitud no fuera detectada? ¿nadie se percató de la existencia de una sábana rota y de un pantalón vaquero?”, se pregunta el juez.

“Lo que no podía hacerse en modo alguno dejar solo a una persona con los antecedentes que tenía el paciente. Se trata la opción elegida por el enfermero de las más temerarias de las opciones, creándose un riesgo previsible y evitable”, concluye el magistrado. Este no le aplica la inhabilitación especial para ejercer su profesión al entender que, pese a que su imprudencia fue “verdaderamente grave” también concurre la de las auxiliares.

https://elpais.com/ccaa/2014/11/11/madrid/1415729289_210130.html

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