El artículo 43 de la Constitución española garantiza el derecho a la protección de la salud de todos los españoles. Ello, entre otras cosas, supone una obligación para los poderes públicos, pues les impele a adoptar aquellas medidas que resulten necesarias para dar cumplimiento a dicho mandato constitucional. Una de ellas, es la de dotar de fondos suficientes un sistema nacional de salud, que permita la consecución de dicho fin.

En los últimos tiempos como consecuencia de diferentes factores se ha producido un importante recorte (o no ampliación de los recursos en función de las necesidades) en los fondos destinados al sostenimiento de los sistemas de salud autonómicos.

Lamentablemente la pirámide poblacional del estado español está invirtiéndose, con un progresivo envejecimiento de la población:

piramide poblacion evolucion

Ello, entre otros factores, supone un considerablemente incremento del coste sanitario, toda vez que la demanda de asistencia sanitaria se incrementa con la edad y la inherente fragilidad del ser humano.

En ese sentido, los recortes que se están produciendo en los últimos años en las partidas destinadas a la sanidad, suponen un grave peligro para la estabilidad del sistema sanitario, y, por tanto, de la salud de todos los ciudadanos, lo que puede (y de hecho así ocurre) traducirse en un incremento de las negligencias médicas, y también, en una mayor demanda de sanidad privada.

Son muy numerosos los casos de negligencias médicas relacionados con los recortes en la sanidad pública española, algunos de ellos son los siguientes:

  • Fallecimientos por demoras en la realización de cirugías.
  • Retrasos diagnósticos por ausencia de especialistas.
  • Retrasos diagnósticos por ausencia de medios para la realización de pruebas diagnósticas.