La neuromodulación ha revolucionado ciertos campos de la medicina como el tratamiento del dolor crónico, las disfunciones motoras o algunas patologías psiquiátricas. Técnicas como la estimulación medular, la estimulación cerebral profunda o la estimulación del nervio vago se presentan como soluciones innovadoras cuando otros tratamientos farmacológicos han fallado. Sin embargo, su indicación no es inocua ni puede banalizarse. Y su implementación incorrecta puede constituir una forma grave de negligencia médica.
Una intervención compleja que exige criterio clínico riguroso
Las terapias neuromoduladora actúan sobre el sistema nervioso mediante impulsos eléctricos, buscando modificar la transmisión de señales patológicas. Su uso requiere no solo criterios clínicos claros, sino una valoración exhaustiva de riesgos, expectativas terapéuticas y alternativas disponibles. No es suficiente con que la técnica esté disponible: debe haber una indicación precisa, individualizada y bien documentada.
Una indicación errónea —por ejemplo, aplicar una técnica invasiva en pacientes con trastornos mal diagnosticados o sin haber agotado otras opciones menos agresivas— puede generar daños que van desde la inutilidad del procedimiento hasta efectos adversos graves, como infecciones, lesiones nerviosas o deterioros funcionales. Además, estos dispositivos requieren un seguimiento continuo y ajustes técnicos que, si no se realizan, pueden neutralizar su efectividad o incluso causar efectos secundarios.
La información al paciente como parte del acto médico
El consentimiento informado adquiere aquí una importancia crítica. El paciente debe conocer no sólo los beneficios esperados, sino también la posibilidad de fracaso, complicaciones, duración del tratamiento, mantenimiento del dispositivo y costes asociados si se trata de entornos privados. En terapias como estas, donde el margen de mejora es incierto, comunicar bien la incertidumbre es parte de la buena praxis. Omitir esta información puede invalidar el consentimiento y dar lugar a una responsabilidad legal.
Riesgos técnicos y errores de seguimiento
No solo hay riesgo en la indicación: también lo hay en la ejecución técnica. La colocación incorrecta de un electrodo, la mala calibración del generador o la falta de seguimiento pueden transformar una terapia avanzada en una fuente de sufrimiento o daño. En muchos casos, los errores se detectan tarde, cuando el paciente ya ha sido sometido a una cirugía o lleva meses sin mejora aparente. Esta inercia asistencial —seguir un protocolo sin valorar resultados reales— es una forma silenciosa de mala praxis.
Además, estas técnicas requieren coordinación entre diferentes especialidades: neurocirugía, neurología, rehabilitación, psicología. Si falla la comunicación entre equipos, el paciente puede quedar en una especie de limbo terapéutico, sin un responsable claro ni una supervisión adecuada. Y este vacío puede tener consecuencias clínicas y legales graves.
Innovación tecnológica sin exención de responsabilidad
Desde el punto de vista jurídico, una terapia de neuromodulación mal indicada o mal gestionada puede ser objeto de reclamación por negligencia médica si se demuestra que se apartó de los estándares de la lex artis. Esto incluye tanto la indicación médica como la ejecución técnica, el seguimiento posterior, la información facilitada y la documentación clínica asociada. No se trata sólo de demostrar que hubo un resultado negativo, sino que dicho resultado era evitable con una praxis más rigurosa.
Estas tecnologías avanzadas no están exentas de responsabilidad, por más innovadoras que sean. El entusiasmo tecnológico nunca debe sustituir al juicio clínico. Y en medicina, aplicar mal lo más sofisticado puede ser tan negligente —o más— como fallar en lo básico.